La resolución de la Defensoría del Pueblo, Nº DP/SSP/RD/2024/07, del 28 de noviembre de 2024, expone al Ministerio de Gobierno de Bolivia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una de las instituciones que vulneran el derecho a la presunción de inocencia, al exponer de forma ilegal a personas procesadas por diferentes delitos. El documento menciona que, oficialmente, la Defensoría del Pueblo tiene registrados 39 casos suscitados entre 2009 y 2023, que implican la responsabilidad de cinco exministros y del actual titular del Ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Las exautoridades denunciadas son: Alfredo Rada, en nueve casos; Carlos Romero, con 16 casos en dos gestiones; Jorge Pérez, por cuatro casos, y Hugo Moldiz, en otros cuatro casos, todos operadores en la gestión del expresidente Evo Morales.
También se denunció a Arturo Murillo, de la gestión de Jeanine Áñez, por seis casos, y a Del Castillo, por cuatro casos, en la gestión de Luis Arce, hasta 2023.
Al margen de esos datos, el documento hace énfasis en otras 17 denuncias, presentadas hasta agosto de 2024, por la exposición pública de personas aprehendidas o procesadas, que hizo el Ministerio de Gobierno ante los medios de comunicación.
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