La defensa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, denunció una presunta injerencia del Gobierno en el caso «decretazo» para impedir su traslado a Santa Cruz y la realización del juicio. Mientras que desde la Dirección General de Régimen Penitenciario ratificaron que no existen las condiciones para su desarrollo.
El exsecretario de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, calificó como un actuar «irresponsable» del Gobierno nacional la vulneración de los derechos del gobernador cruceño al impedir el desarrollo de su audiencia.
«Queremos denunciar la injerencia y la usurpación de funciones del Gobierno del presidente (Luis) Arce contra el poder judicial, ya que a través de la Viceministra de Transparencia se ha ordenado la suspensión de la audiencia», denunció Suárez.
Horas antes, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que el juicio por el caso «decretazo» no puede avanzar por falta de notificaciones, actuados, y otras «deficiencias procesales».
Pero el abogado Martín Camacho aseguró que la información que tienen las autoridades del Gobierno es «falsa», ya que desde diciembre de 2023 ya comenzaron a ser notificadas todas las partes como la Procuraduría General del Estado.
«El único culpable del no traslado va a ser el centro penitenciario de Chonchocoro ante la injerencia política de estos miembros de las carteras del poder ejecutivo», remarcó Camacho.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ratificó que no existen las condiciones para trasladar al gobernador cruceño hasta Palmasola ante dos informes enviados a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria.
El primero es un voto resolutivo de Palmasola donde se declaró que la presencia física de Camacho en ese penal, lo que podría «generar algún tipo de malestar en los privados de libertad y en sus familias».
Mientras que el segundo informe, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, donde señala que su traslado debería darse desde el aeropuerto de Viru Viru, pasando por toda la ciudad, hasta llegar a Palmasola y desde ahí hasta la sala de audiencias que «también tiene una distancia considerable».
«Esos informes que dicen que no hay condiciones para poder realizar el traslado del aeropuerto al centro Penitenciario de Palmasola y de ahí a los juzgados», añadió Limpias.
La defensa de Camacho cuestionó la falta de cumplimiento de la orden judicial lo que significaría, según el abogado Camacho, que el Gobierno ejerce presión sobre el Tribunal Octavo de Sentencia para frenar el traslado y el desarrollo del juicio.
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