Luego de la imputación formal contra cuatro dirigentes cívicos y políticos cruceños que participaron de un paro de 36 días exigiendo censo en 2023, la Coordinadora de la Democracia consideró injusta la medida y anunció que “asumirá acciones” en contra de esa decisión del Ministerio Público a la que calificó como “persecución política”.
Los cívicos anuncian reunión para llamar a una Asamblea de la Cruceñidad.
“Hay una emergencia por una situación injusta y nuevamente vamos a coordinar acciones”, dijo Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, en una conferencia conjunta que ofreció con otros representantes políticos y académicos.
La imputación de la Fiscalía es contra Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por los delitos de terrorismo, racismo y discriminación, entre otros, que se habrían cometido durante el paro de 36 días de octubre y noviembre de 2022 para exigir que el censo se realice en 2023.
En tanto, el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, fue aprehendido ayer, acusado por la muerte de Julio Taborga el 22 de octubre de 2022, durante el primer día del paro cívico en Santa Cruz.
“La Policía aprehendió al presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Rodríguez. La Fiscalía libra una orden de aprehensión porque no se presentó a declarar ante la Fiscalía de Santa Cruz, cuando la jurisdicción es en Puerto Quijarro, esto se trata de una persecución jurídica porque no hay indicios de responsabilidad por la muerte de Julio Taborga”, informó a la ANF el abogado Jorge Valda.
Valda afirmó que la aprehensión es ilegal y arbitraria, tomando en cuenta que la semana pasada el cívico ganó una acción de libertad y anuló la orden de aprehensión que había en su contra y determinó que se defienda en libertad.
Vulneración
Larach indicó que esta notificación de imputación que recibieron los líderes cruceños por el paro es un acto de persecución política y de hostigamiento que vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer el derecho a la protesta
“Es una persecución jurídica más, orquestada por el MAS, utilizando al órgano Judicial, en este caso el Ministerio Público, para lograr sus objetivos… Vamos a coordinar, reitero, con los presentes, cuáles son las acciones a seguir y oportunamente se informará a la población”, acotó Larach.
Desafían a probar inocencia
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, desafió a Vicente Cuellar, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan a probar su inocencia en el proceso judicial que se abrirá en su contra por el paro de los 36 días de 2022, y a no hacerse “los angelitos” frente a las muertes y pérdidas económicas de la violenta protesta en Santa Cruz.
“Si ustedes (acusados) son inocentes, demuéstrenlo, pero no digan que son angelitos ni tampoco se hagan a los locos. Ustedes fueron los que convocaron a los paros y a los bloqueos”, dijo Montaño.
Los Tiempos
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