La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa criticó la postura de la Defensoría del Pueblo, respecto a la interrupción del embarazo, por lo cual anunció que está pidiendo el cambio de Nadia Cruz del cargo y le advirtió con iniciar acciones judiciales.
“La señora Nadia Cruz, supuesta Defensora del Pueblo, está realizando un informe defensorial sobre la situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres. Desde el título del informe defensorial es absolutamente inconstitucional y va contra cualquier derecho humano. El aborto no es un derecho humano porque nunca fue, no es y nunca será matar a un ser humano en el vientre materno”, dijo el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán.
El diputado refirió que en el informe defensorial se plantea implementar el aborto como servicio asistencial en los tres niveles de salud. Calificó como “desfachatez” la posición de Cruz.
Aclaró que sólo existen tres causales para la práctica impune del aborto: riesgo de vida para la madre, en situación de estupro en caso de violación.
“Es un delito matar a un ser humano concebido en el vientre materno y, en cambio, la Defensora del Pueblo se inventa qué es un derecho humano el aborto y queremos decirle a la señora Nadia Cruz que no es un derecho humano y nunca lo será matar al concebido en el vientre materno”, recalcó.
Bazán también sostuvo que Cruz “usurpa” funciones desde marzo del año pasado, porque considera que entonces debió concluir su periodo de interinato al frente de la Asamblea.
En ese marco, indicó que Creemos está solicitando el cambio de Cruz con la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. Dicha elección debe realizarse en la Asamblea Legislativa por dos tercios de voto.
“Vamos a esperar primero que nada que se remita esta petición para cambio de la Defensora y, por supuesto, después nos veremos en total libertad de iniciarle acciones penales también a la a la actual señora Defensora del Pueblo totalmente extendida sus funciones”, advirtió.
Respuesta de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, mediante comunicado, señaló que Creemos desconoce la Constitución, estándares en materia de derechos humanos y la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP 206/2014. Señaló que además, la bancada hace una errónea interpretación del contenido y de las determinaciones del Informe Defensorial “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho Humano de las Mujeres”.
En ese marco, rechazó las declaraciones que “pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que por causas de violación, incesto, estupro o cuando su vida y salud corre peligro, deciden interrumpir un embarazo, toda vez que las mismas son víctimas y el Estado, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben garantizar su protección”.
Señaló que la sentencia constitucional 206/2014 garantiza la Interrupción Legal del Embarazo en los casos de violación, incesto, estupro o cuando la vida y la salud de la mujer corre peligro, causales que están admitidas en el Código Penal, por lo que, conforme a instancias internacionales, el impedir el procedimiento de la interrupción del embarazo en los casos citados, en especial cuando se encuentren involucradas niñas o adolescentes, afectaría gravemente su integridad personal e, incluso, se consideraría como un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante en contra de esta población en situación vulnerable.
Respecto a su informe, la Defensoría indicó que fue producto del análisis de requerimientos de informe escrito solicitados a diferentes instituciones públicas a nivel nacional, así como de visitas in situ realizadas a establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, donde se identificó el incumplimiento de la SCP 206/2014 y la existencia de brechas en la aplicación del procedimiento técnico de la Interrupción Legal del Embarazo, producto de la falta de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos para la realización de este procedimiento.
“La Defensoría del Pueblo, entre 2015 y 2019, a través de su Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) registró 32 casos relacionados a Interrupción Legal del Embarazo en el marco de la SCP 206/2014, en los que se evidenció vulneraciones de los derechos humanos y solicitud de apoyo defensorial a las usuarias que requirieron este procedimiento. Este trabajo continuará en la misma línea, aun cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional sea parte de los victimarios”, acotó.
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