El procurador Wilfredo Chávez aclaró que no se trata de juicios perdidos, sino de asumir responsabilidad por la falta de acción del Órgano Judicial.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó ayer que las sentencias emitidas contra Bolivia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no juzgan al Gobierno, sino al Estado. Aseguró que son casos heredados de gestiones anteriores a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Los juicios no son perdidos, son juicios de responsabilidad del Estado por inacción muchas veces del Órgano Judicial o del sistema de investigación penal, siendo más precisos (…) son responsabilidades de Estado, aclaro eso”, dijo el procurador en el programa dominical de Bolivia TV Las 7 en el 7.
La Corte IDH falló en contra del Estado por los casos Angulo Losada, Juan Carlos Flores Bedregal y Blas Valencia, por los que se deberá cancelar una indemnización de $us 1,1 millones: $us 321.000 por Flores Bedregal y $us 786.000 por Blas Valencia. En el caso Angulo Losada la denunciante rechazó cualquier reparación.
Las sentencias fueron emitidas el 18 de noviembre de 2022 (caso Angulo Losada), el 17 de octubre del mismo año (caso Flores Bedregal) y el 18 de octubre también de 2022 (caso Blas Valencia).
El procurador aseguró que el monto que la Corte IDH ha indemnizado a las víctimas es mucho menor al que pretendían llegar en un acuerdo. Los casos son de 1980 y 2001, antes de que el MAS sea Gobierno.
“Casi la mitad de lo que ellos planteaban en la negociación amistosa es lo que recibirán. Creo que nosotros hemos tenido una decisión atinada en el momento de tomar los parámetros y por supuesto cuidando el dinero del Estado”, sostuvo Chávez.
El caso Angulo Losada hace referencia a un caso de violación no penalizada de una niña por parte de un familiar, sucedida entre septiembre de 2001 y mayo de 2002
“El Estado compareció como Estado, no como Gobierno; no se juzga al Gobierno, lo que se juzga es al Estado”, recordó el procurador, quien apuntó a que en este caso no se juzgó a los responsables y que la víctima rechazó una reparación.
En el caso de Flores Bedregal, la Corte IDH sentenció al Estado y fijó una indemnización de $us 321.000 como reparación integral a los familiares de la víctima.
Además conminó al Estado a continuar con las investigaciones sobre la desaparición del dirigente y diputado en 1980, durante la dictadura de Luis García Meza.
En el caso Blas Valencia, el Estado deberá pagar una indemnización de $us 786.000 a 26 afectados y cumplir con otros compromisos. Este caso alude al atraco de una remesa de Progesur el 14 de diciembre de 2001 en La Paz, donde se descubrió que el cabecilla era el excoronel de la Policía Blas Valencia.
Chávez sostuvo que en estos casos al Estado solo le queda cumplir con los fallos.
AEP
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