La Asociación de Municipios de Bolivia, encabezada por el alcalde de Tarija, Johnny Torres, consolidó una agenda de cinco puntos que será presentada este miércoles al presidente del Estado en una reunión programada para las hoy a d 11:00 de la mañana. Las propuestas están orientadas a fortalecer las finanzas municipales, mejorar la distribución de recursos y redefinir las responsabilidades entre los diferentes niveles del Estado.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el concejal Rodrigo Calisaya, presidente de la Asociación de Concejales de Bolivia, explicó que el primer punto central es avanzar hacia una distribución 50-50 de los recursos públicos entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Señaló que la implementación deberá ser progresiva, gradual y planificada mediante mesas técnicas que definan el origen de los recursos, los porcentajes destinados a municipios y las nuevas responsabilidades que asumirán las administraciones locales.
Mientras se desarrolla el debate técnico y político sobre la aplicación del nuevo modelo de distribución, los municipios plantearán la devolución del 12% de los recursos destinados a la exploración de hidrocarburos. Según Calisaya, estos fondos permitirían inyectar recursos a los gobiernos municipales y aliviar sus dificultades financieras durante la transición hacia la implementación del sistema 50-50, especialmente de cara a la elaboración del POA 2027.
El segundo punto de la agenda es la abrogación del Decreto 5676, debido a los efectos que tendría sobre los municipios, considerados grandes consumidores de combustible. Calisaya indicó que esta demanda no busca únicamente resolver las dificultades de las alcaldías, sino también atender la situación de agricultores, productores e industrias que dependen del abastecimiento de carburantes para desarrollar sus actividades económicas.
Como tercer punto, la Federación de Municipios propondrá la renegociación de las deudas que mantienen los gobiernos municipales con el nivel central del Estado. La propuesta contempla ampliar los plazos de pago, actualmente establecidos en varios casos hasta por diez años, para permitir que los municipios recuperen capacidad financiera y puedan acceder a futuros créditos destinados a proyectos de educación, salud e infraestructura. En situaciones particulares, también se solicitará la condonación del 100% de las deudas.
El cuarto planteamiento está relacionado con la denominada Ley de Adicionales y la distribución de recursos provenientes de créditos internacionales. Calisaya señaló que, tras la aprobación de esta normativa, existen importantes recursos que serán captados por el país, por lo que los municipios exigirán conocer qué porcentaje será destinado directamente a las entidades territoriales. La demanda busca establecer criterios claros no solo para los créditos actualmente aprobados, sino también para todo futuro financiamiento que obtenga el Estado.
El quinto punto plantea la devolución progresiva de las competencias nacionales que actualmente son financiadas por municipios y gobernaciones. El concejal sostuvo que muchas entidades territoriales destinan recursos propios a obligaciones que corresponden al nivel central del Estado, afectando sus presupuestos para obras y servicios locales. Como ejemplo, señaló que liberar a Tarija de estas competencias podría representar un alivio aproximado de 150 millones de bolivianos.
Finalmente, Calisaya afirmó que la Asociación de Concejales de Bolivia tendrá un papel importante en el proceso de seguimiento y materialización de los acuerdos que puedan surgir de la reunión con el Gobierno nacional. La intención, explicó, es que las decisiones macroeconómicas y administrativas lleguen de manera efectiva al nivel municipal, considerado el espacio de gobierno más cercano a las necesidades cotidianas de la población.
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