Hasta ayer no hubo reuniones con la oposición. Se supo que sí un debate dentro del oficialismo, pero que no ha llegado a buen puerto. Hay la versión de que el ‘arcismo’ se abrirá a flexibilizar y eliminar algunas de las disposiciones adicionales, no las siete
Alcaldías y universidades les dieron plazo final hasta el miércoles al Gobierno y al Legislativo. Con esa presión, el vicepresidente David Choquehuanca citó esta tarde a las 15:00 a la sesión que reconsiderará el presupuesto reformulado, rechazado la anterior semana. Hasta este lunes no hubo ninguna reunión para lograr acuerdos mínimos entre las bancadas, pero se supo que la línea fijada desde la Casa Grande del Pueblo es eliminar algunas de las siete disposiciones adicionales que evitaron su aprobación el miércoles pasado.
En la convocatoria, Choquehuanca llama a la “reconsideración del proyecto de ley 464/2022-2023, modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), remitido por la Cámara de origen”.
Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdos concretos, pese a que 92 asambleístas votaron en contra porque no aceptan las siete disposiciones adicionales; 62 a favor y tres votaron nulo.
La principal observación está en la disposición séptima, que abre la posibilidad de que algún funcionario de una entidad bancaria pueda denunciar cualquier transacción que considere ‘sospechosa’ quedando eximido de cualquier proceso posterior.
Ese artículo fue repuesto del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que, ante protestas de cívicos del país, y de sectores como los gremiales fue retirado de la Asamblea en octubre de 2021.
El proyecto de ley tiene cuatro artículos, referidos específicamente al reformulado, que opositores y ‘evistas’ dijeron que aprobarían por unanimidad. La disputa surgió porque el presidente Choquehuanca se empecinó la semana pasada en no cambiar una coma en el documento, lo que al final llevó a un desenlace que generó voces de protesta en alcaldías, universidades y gobernaciones.
El diputado Andrés Flores, del ala ‘arcista’, cuando se le preguntó si es que su bancada estaría dispuesta a quitar las siete disposiciones polémicas su respuesta fue: “No, hasta este momento no hay nada de eso. Yo no tengo información y prefiero no comentar”, dijo. Otras fuentes de la misma línea señalaron que es posible que se abra la posibilidad de que se eliminen algunas de las disposiciones, pero no todas. Eso es lo que se está discutiendo dentro del oficialismo.
Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en diputados, Enrique Urquidi, lamentó que “aparentemente el MAS va otra vez a la piscina sin agua. Hasta el momento no hubo una convocatoria a las bancadas para llegar a un acuerdo mínimo”.
Se supo que la bancada del oficialismo tendrá esta mañana una nueva reunión para tratar de unificar criterios. Al ser una reconsideración, el requisito esencial es que más de dos tercios de los presentes aprueben que se vuelva a considerar el proyecto. Si se logra, se abre un espacio de debate y de discusión, para finalmente llegar a la votación. La semana pasada eso tomó toda la noche y se prevé que hoy pueda pasar lo mismo.
La Federación de Asociación de Municipios de Bolivia anunció un bloqueo nacional de carreteras si es que la norma no se aprueba máximo hasta el 22 de noviembre. Un comunicado señala que se excedieron todos los plazos, estos recursos ya debieran estar ejecutados. La FAM pidió la reconsideración, para reparar el daño que nos han hecho. Vamos a movilizarnos si es que esta vez no nos atienden”.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, aseguró que si es que no se aprueba en esta ocasión “vamos a tener que vernos en las calles. No hay otra opción”.
Con un criterio similar se manifestó la universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Sobre el tema, la ministra de la Presidencia y canciller interina, María Nela Prada, dijo que “a través del Legislativo se pretende sabotear la gestión y la economía del pueblo boliviano, poniendo en primera línea intereses políticos. Esto es nefasto”, manifestó.
Por su lado, el senador ‘evista’, William Tórrez, respondió que “las siete disposiciones adicionales deben ser eliminadas, porque al oponernos estamos evitando que les metan las manos al bolsillo a nuestras alcaldías y universidades. Nosotros no somos muchachos ni borregos del Poder Ejecutivo para aprobar lo que ellos quieran. No vamos a aceptar presiones, somos un órgano independiente”.
En la misma línea, el diputado opositor Alejandro Reyes, reiteró que no hay vuelta atrás y que definitivamente “la única forma en que aprobaremos es si es que se eliminan esas siete disposiciones transitorias”, manifestó.
El Deber
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