Las comunidades del pueblo Guaraní han manifestado su firme rechazo a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realice actividades de exploración hidrocarburífera en sus territorios mientras no se regularicen las deudas acumuladas que afectan a la población local. Esta decisión surge en un contexto de múltiples reclamos sociales por incumplimientos en pagos vinculados a acuerdos previos con las comunidades.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, René Arevayo líder de las comunidades señalaron que la medida es una forma de exigir respeto y cumplimiento a los compromisos pactados, considerando que el retraso en los pagos impacta negativamente en el desarrollo y bienestar de sus habitantes. “No permitiremos que se continúe con la exploración hasta que se salden las deudas históricas,” expresaron con claridad.
Las autoridades comunitarias recordaron que el diálogo con YPFB ha sido intermitente y poco efectivo, lo que ha generado un ambiente de desconfianza y malestar en la región. Por ello, decidieron adoptar una postura más firme para proteger sus derechos territoriales y garantizar que los beneficios económicos lleguen directamente a las familias afectadas.
Asimismo, hicieron un llamado a las instancias gubernamentales para que intervengan y garanticen el cumplimiento de los acuerdos establecidos, enfatizando que la falta de respuestas podría derivar en conflictos sociales mayores. La tensión en la zona se mantiene alta, con vigilancia comunitaria en puntos estratégicos para impedir el acceso de la empresa estatal.
El rechazo de las comunidades guaraníes se fundamenta en la necesidad de asegurar la transparencia y justicia en la distribución de recursos derivados de la actividad hidrocarburífera. Según indican, los fondos pendientes representan proyectos y servicios esenciales que han quedado paralizados por el incumplimiento de YPFB.
Por otro lado, la empresa estatal no ha emitido hasta el momento una declaración oficial que responda a las demandas ni proponga soluciones inmediatas para resolver la situación. Esta ausencia de comunicación incrementa la incertidumbre y la presión sobre las autoridades locales y nacionales.
El sector afectado insiste en que esta resistencia no es un obstáculo al desarrollo energético del país, sino una reivindicación legítima para que las comunidades sean consideradas como partes fundamentales en el proceso y reciban lo que les corresponde por derecho. Insisten en mantener abierta la puerta al diálogo siempre que se respeten sus condiciones.
Finalmente, los representantes guaraníes anunciaron que continuarán monitoreando la situación y mantendrán la unidad entre las comunidades para evitar que se vulneren sus territorios y derechos. La protesta se mantiene activa hasta que se concrete el pago de las obligaciones pendientes.
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