Empresarios, gremiales y transportistas exigen la anulación de la disposición séptima de la Ley 1613 y advierten con más protestas.
Este lunes, 10 de febrero, distintos sectores económicos y productivos cumplen un paro nacional de 24 horas en rechazo a la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La norma otorga facultades al Estado para decomisar productos y mercadería, lo que gremiales, exportadores, agropecuarios e industriales consideran una amenaza contra la propiedad privada y la seguridad jurídica.
El paro incluye marchas y manifestaciones en varias ciudades del país, pero no bloqueos, según aseguraron los organizadores. En Santa Cruz, las protestas iniciaron con concentraciones en la plaza del Cementerio, desde donde los sectores movilizados marcharán por el centro de la ciudad. La jornada concluirá con un mitin en la avenida Brasil, en el mercado ferretero, en horas de la tarde.
A pesar del paro, en varias ciudades el transporte público trabaja con normalidad. En Santa Cruz, la Cámara de Transporte confirmó su participación con marchas, pero sin suspender actividades. Sin embargo, el transporte pesado anunció que no fue convocado y no se sumará a la medida.
En La Paz, los mercados Rodríguez y otras zonas comerciales operan con normalidad, aunque en el mercado Abasto de Santa Cruz algunos comerciantes cerraron sus puestos en apoyo a la protesta.
Edgar Álvarez, dirigente gremial, explicó que el paro busca presionar al Gobierno para que derogue la disposición séptima y advirtió que las movilizaciones continuarán si no hay respuestas. “Este es solo el inicio. Si no nos escuchan, vamos a endurecer las medidas”, afirmó.
El Gobierno insiste en el diálogo
El Gobierno sostiene que la disposición séptima busca evitar el acaparamiento de productos esenciales y ha reiterado su llamado al diálogo con los sectores movilizados.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, criticó la medida y dijo que algunos de los sectores en paro promovieron la ley antibloqueo en el pasado y ahora protestan con paros. «Creemos que el diálogo es la mejor forma de resolver los problemas», sostuvo.
Por su parte, el presidente Luis Arce afirmó que estas movilizaciones buscan «sabotear la economía boliviana». “Algunos actores políticos están detrás de estos ataques para frenar el desarrollo del país”, señaló en un acto en Oruro.
A pesar de la postura del Gobierno, los sectores movilizados reiteraron su negativa a participar en negociaciones mientras no se derogue la disposición cuestionada. “No vamos a sentarnos a validar una norma que afecta a la propiedad privada”, aseguró Álvarez.
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