En un contexto de creciente tensión política, el presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca, ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un pronunciamiento para aclarar la validez de las decisiones tomadas en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del pasado jueves.
En una carta dirigida al presidente del TCP, Paul Enrique Franco, Choquehuanca subrayó la necesidad de un “pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos”. El objetivo es determinar si las decisiones deben ser implementadas o si es necesario reenviar las comunicaciones para corregir el procedimiento legislativo.
“Agradeceré que el TCP, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre lo validez de esos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para rencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”, dice la carta.
El viernes, la Vicepresidencia del Estado se negó a recibir cuatro resoluciones de la ALP y dos leyes sancionadas por los parlamentarios de la facción evista y del bloque opositor, integrado por Comunidad Ciudadana y Creemos. Javier Farfán, asesor de la Cámara de Senadores, explicó a radio Erbol que, pese a los repetidos intentos de entregar la documentación aprobada, esta fue rechazada en la Ventanilla Única de la Vicepresidencia.
La controversia surgió durante la séptima sesión de la ALP, presidida por el senador Andrónico Rodríguez, que se llevó a cabo el jueves a pesar de los esfuerzos de la facción “arcista” del Movimiento al Socialismo (MAS) para impedir la sesión. Durante esta, se sancionaron dos leyes y cuatro resoluciones de la Asamblea, además de un decreto presidencial de amnistía.
Una de las leyes aprobadas deja sin funciones a los magistrados “autoprorrogados” del Órgano Judicial y del TCP, mientras que la otra aprueba un crédito de 176 millones de dólares para la construcción de la doble vía Colomi-Bombeo. La Vicepresidencia, no obstante, se negó a recibir los documentos, citando una resolución del TCP que desconocía la sesión.
Farfán relató que, aunque el jueves lograron dejar los documentos en la Casa Grande del Pueblo, el viernes les fue imposible entregarlos en la Vicepresidencia. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre sobre el curso administrativo y legal que seguirán las decisiones legislativas tomadas en la controvertida sesión.
La solicitud de Choquehuanca al TCP busca resolver esta incertidumbre y asegurar que se siga el procedimiento legislativo adecuado, evitando así un posible estancamiento en la implementación de las decisiones tomadas por la ALP.
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