El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.
El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración para anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, mediante una intervención militar.
Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, un nostálgico de ese periodo, podría sacudir la vida política los próximos meses.
Se declara “perseguido”
El líder de la oposición brasileña clamó su inocencia y se declaró un «perseguido». «Parece que tienen algo personal contra mí, y las acusaciones son muy graves e infundadas», dijo a periodistas rodeado de congresistas, incluido su hijo Flávio Bolsonaro, en su primera reacción. Allí admitió que, tras las elecciones de 2022, discutió con comandantes militares «hipótesis» para declarar el Estado de sitio y de defensa, pero defendió que estos escenarios están previstos en la Constitución.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar, consideró que hay «materialidad» e «indicios razonables» en la acusación que presentó la Fiscalía. El juez dijo que los hechos fueron descritos «en forma detallada» y «satisfactoria». «Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (…) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado», señaló.
El juez sostuvo que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido» en un objetivo que «no se concretó» por «la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción».
Junto a Bolsonaro serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la corte. Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida.
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