La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuró al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, luego de que este no se presentara a declarar hoy, en cuanto a las investigaciones referidas a la compra de gases lacrimógenos para la Policía. Esto, en consecuencia, equivale a su destitución, de acuerdo con lo citado por la Cámara de Senadores, que se amparó en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado.
La norma refiere que algunas de las atribuciones de la Asamblea son las siguientes: «Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo, y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno».
Opinión