La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó una drástica reconfiguración institucional al sancionar una ley que disminuye significativamente el número de sus miembros. La normativa busca ajustar el aparato legislativo a los tiempos de austeridad económica y optimizar la gestión departamental, reduciendo la cantidad de asambleístas titulares de 30 a 17, eliminando los cargos suplentes y suprimiendo la figura de los subgobernadores en los municipios.
En contacto con el periódico digital El Guadalupano, autoridades departamentales indicaron que esta decisión responde a un análisis minucioso sobre el funcionamiento actual del gobierno departamental y la presión que ejerce el limitado presupuesto, motivo por el cual se consensuó una reestructuración con impacto directo en el legislativo y ejecutivo local.
El texto aprobado modifica los artículos 49, 51 y 52 del Estatuto Autonómico de Tarija. Según el nuevo esquema, la Asamblea quedará conformada por 17 asambleístas: 12 elegidos bajo criterios de equilibrio territorial entre provincias y el Chaco, 3 electos proporcionalmente según la población y 2 representantes indígenas definidos por usos y costumbres.
Además, se dispone que los asambleístas suplentes sólo asumirán funciones si existe ausencia definitiva del titular, acabando con el mecanismo actual que permitía rotación mensual. Por otro lado, se oficializó la eliminación de los subgobernadores como autoridades jerárquicas, aunque sus dependencias seguirán operando a nivel municipal.
Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue la reducción en la representación indígena, que pasa de tres a dos asambleístas. Voceros de estas naciones expresaron su preocupación al considerar que sus voces quedarán debilitadas en el nuevo órgano legislativo.
Durante el debate, los impulsores de la ley remarcaron que este ajuste permitirá disminuir gastos administrativos y destinar esos recursos a áreas prioritarias como educación, salud o infraestructura. Legisladores de diferentes bancadas reconocieron que la decisión fue compleja, pues implicó ceder espacios en todas las provincias.
Desde la bancada oficialista hasta representantes de oposición coincidieron en que se trató de un proceso cargado de tensiones internas, pero que finalmente logró consolidarse por el voto de dos tercios, reflejando una voluntad compartida de modernizar la estructura departamental.
El siguiente paso será que el gobernador Oscar Montes promulgue la ley, tras lo cual se remitirá el documento al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión. Si el fallo es favorable, se convocará a un referéndum para que la población tarijeña ratifique o rechace la reforma mediante voto popular.
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