El presidente Luis Arce Catacora concedió este sábado audiencia a afiliados a la Asociación de Víctimas de Senkata, con quienes logró varios acuerdos.»Tuvimos un encuentro con las víctimas en la Casa Grande del Pueblo, estuvimos atendiendo a las víctimas que han sobrevivido a la masacre», informó el ministro de Justicia Iván Lima Magne.
La autoridad explicó que, a diferencia de lo que sostuvo el activista alteño por los derechos humanos, David Inca, 55 personas se beneficiaron con una fuente de trabajo estable y un bono alimenticio, en tanto que sus hijos y lo propios afectados recibieron becas de estudios y se reembolsó gastos médicos. Lima Magne aclaró que la principal demanda del sector se refiere a la necesidad de que se haga justicia para que los responsables de aquella acción represiva sean sancionados conforme lo dicta el Código Penal en vigencia en el país.
De acuerdo con un informe de esta cartera de Estado, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, destacó la voluntad política de Arce Catacora y Lima Magne para atender satisfactoriamente los requerimientos de sus afiliados, «entonces nosotros vamos a colaborar también y esperemos que todo se solucione, porque no podemos seguir con esto. Ya es más de un año, entonces ellos han dicho que se va a avanzar y se dará cumplimiento, estamos alegres y esperamos el cumplimiento”.
Admitió, sin embargo, que aún se debe hacer ajustes al tema laboral, pues se debe mejorar la calidad de los empleos y cubrir las facturas médicas de 18 heridos, quienes aún exigen la devolución de sus gastos sanitarios. La dirigente manifestó que aún se deben realizar ajustes al acuerdo en torno al tema laboral en demanda de mejores fuentes de trabajo y mejores ingresos, y el reembolso a todos los heridos, ya que habría un grupo de 18 heridos que aún no recibieron esa reparación.
“Todos estamos esperando justicia (…) Las aprehensiones son por el golpe de Estado pero no por asesinatos ni masacres», indicó la dirigente quien pidió que se procese penalmente a los responsables de la represión.
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