El informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el caso del Gobernador Luis Fernando Camacho es una prueba de la persecución política que existe en Bolivia, concluyó la expresidenta, Jeanine Áñez, desde su reclusión en el penal de Miraflores.
«La resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_derechos sobre el secuestro del gobernador Camacho, es una prueba más de que en Bolivia las detenciones de los presos políticos han violado nuestros derechos, la Constitución y el derecho internacional, en todas sus formas”, escribió este lunes la exmandataria.
Jeanine Áñez se encuentra privada de libertad en la cárcel de Miraflores, en La Paz, acusada por los delitos de «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución», supuestamente cometidos durante la crisis de 2019, cuando asumió la presidencia de Bolivia, ante la renuncia de quienes la precedían en la línea sucesoria para ejercer ese cargo. Áñez ha manifestado, en diversas oportunidades, que ese juicio forma parte de una persecución política. La exmandataria fue juzgada por la vía ordinaria, y no dentro de un juicio de resposabilidades, como corresponde a una expresidenta.
Un amplio informe sobre la situación específica del Gobernador de Santa Cruz fue publicado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU este lunes. En este informe piden la inmediata liberación del detenido por las irregularidades que se cometieron en ese caso.
Por su parte, el director de Régimen Penitenciario, aseguró que no hubo violaciones en el caso de Camacho y dejó la situación en manos del ministerio de Justicia.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, señala parte del documento.
Pero más adelante también insta al Ejecutivo boliviano a realizar una investigación respecto a la forma cómo fue aprehendida la autoridad cruceña, además de las condiciones en las que se encuentra detenido.
El 28 de diciembre de 2022, un grupo de policías realizó un operativo para la captura de la autoridad cruceña y después de varias horas arribó a la sede de Gobierno; desde entonces, Camacho guarda detención en el penal de Chonchocoro.
El Estado boliviano arriesga su situación en tribunales y entidades internacionales, si no cumple el pedido del Grupo de Trabajo, porque el mismo fue remitido a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; a la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; así como a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tomen las medidas correspondientes.
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