En 10 días cinco grupos que apoyan al Gobierno le pidieron la reducción de salarios al 50% para toda la planta jerárquica del Ejecutivo y también a los legisladores, además de los gerentes de las empresas estatales. Hasta el momento, ninguna autoridad de Gobierno se pronunció y por eso los gremiales y juntas vecinales de El Alto le dieron 72 horas al Gobierno para que responda a 17 demandas.
“A la Fejuve no le quedaba otra que convocar a la marcha, las juntas vecinales tienen presión desde los propios vecinos, por eso el señor Juan Saucedo tenía que convocar a esta marcha de forma obligatoria y hemos presentado un pliego de 17 puntos para que el gobierno responda hasta el miércoles”, advirtió el dirigente Toño Siñani, quien es opositor al Gobierno.
La protesta fue convocada por la Fejuve que responde al Gobierno y la gigantesca marea humana llegó hasta proximidades de la Casa Grande del Pueblo para entregar las peticiones, una de ellas, la reducción de salarios de todo el Estado al 50%.
Hasta el momento son cinco grupos afines al Gobierno que le pidieron reducir sus salarios a la mitad y el Gobierno optó por no darse por enterado de esa petición. “Todos pasamos hambre, solo el Gobierno sigue pagando altos salarios a sus empleados, el Gobierno no pasa hambre”, concluyó Siñani.
En los últimos 10 días los grupos afines al Gobierno le enviaron pedidos concretos de austeridad y en todos los casos es el coro, 50% de reducción salarial. Los sueldos en la jerarquía del Estado oscilan entre los Bs 10.000 hasta Bs 24.000 que gana el presidente del Estado.
El pacto de unidad, los campesinos de las 20 provincias, las mujeres bartolinas, los interculturales, y ahora se sumaron las juntas vecinales de El Alto, que también apoyan al arcismo, constituye el bloque que exige austeridad.
Los otros puntos, de acuerdo con la explicación de Siñani son: solución a la escasez de combustible; solución al abastecimiento de la canasta familiar; cierre de ministerios y viceministerios que no apoyan a la sociedad; perdonazo de multas e intereses por 18 meses para los gremiales que no pueden pagar a los bancos por la caída de las ventas; rechazo a la decisión de Impuestos Internos de la facturación electrónica.
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