La Alcaldía de Tarija alertó que la mayoría de los gobiernos municipales del país atraviesan una severa crisis financiera, donde más del 95% de las alcaldías provinciales solo cuentan con recursos para cubrir gastos de funcionamiento, sin capacidad para invertir en obras. En el caso de las capitales, la situación tampoco es favorable: Tarija, por ejemplo, proyecta un presupuesto de inversión entre 13 y 20 millones de bolivianos para las gestiones 2025 y 2026, una cifra considerada insuficiente para las demandas locales.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, el alcalde Johnny Torres explicó que el presupuesto 2026 ya fue remitido al Parlamento Nacional y deberá ser evaluado durante diciembre. Respecto al nuevo pacto fiscal 50-50, señaló que “aún tiene varios elementos que deben ser trabajados”, aunque subrayó la necesidad de avanzar en una redistribución más justa de los recursos.
El Alcalde detalló que envió solicitudes formales al Ministerio correspondiente y a la Presidencia del Senado para sostener una reunión destinada a analizar la situación financiera de los municipios. Indicó que la cita fue aceptada y solo resta definir fecha y hora. Añadió que si el pacto 50-50 no se implementa en 2026, los municipios deberán recurrir a medidas de salvataje, como renegociación de techos de endeudamiento, reestructuración de deudas o gestión de créditos.
Torres también advirtió que, de mantenerse el actual escenario económico, muchas alcaldías podrían paralizar completamente sus proyectos de inversión, afectando obras, servicios y la reactivación económica local. Señaló que el objetivo es evitar que los municipios se vean obligados a limitarse únicamente a pagar salarios y gastos administrativos.
El panorama para las gobernaciones, según la autoridad municipal, es incluso más crítico. Explicó que dependen casi exclusivamente de las regalías del IDH, las cuales “están en el suelo”, lo que restringe de manera drástica su capacidad de gestión y ejecución de proyectos.
Finalmente, Torres remarcó que existen varias alternativas para acceder a recursos del nivel central, pero sostuvo que la peor decisión sería no encarar ninguna acción. “La única opción inviable es quedarse sin hacer nada”, afirmó.
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