El abogado Jorge Valda advirtió este domingo que las detenciones judiciales han salido de control en el gobierno de Luis Arce Catacora y pueden alcanzar límites insospechados si no se pone un freno a la «persecución ilegal».
En conferencia de prensa, afirmó que, a título de perseguir el «falso golpe de Estado» del 26 de junio, se ha detenido a un activo defensor de los derechos humanos, acreditado ante la Cancillería por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA).
De esa manera confirmó la detención en Santa Cruz del presidente de esa institución, Fernando Handam, y su posterior traslado a La Paz, donde se encuentra en celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Anunció que una comisión de diez abogados asumirá la defensa de Handam, cuya aprehensión se suma a una serie de detenciones que, según Valda, ponen a los derechos humanos en Bolivia en una situación «verdaderamente crítica».
Explicó que esta semana fueron sentenciados injustamente los miembros de la agrupación «Resistencia Juvenil Kochala» en Cochabamba, y hace pocos días, un comunicador fue denunciado por el Banco Central de Bolivia por hablar de temas económicos.
Añadió que días antes, fue allanada de madrugada la casa de una defensora de derechos humanos, buscando a su esposo, el general (r) Tomás Peña y Lillo.
El abogado instó a los organismos internacionales e instituciones defensoras de los derechos humanos, tanto del país como a nivel internacional, a que presten atención a lo que está ocurriendo en Bolivia.
Advirtió que, en adelante, no permitirán que ninguna otra persona defensora de derechos humanos sea apresada en horas de la noche, allanando sus domicilios de forma clandestina por personal de Inteligencia.
En relación al activista Handam, manifestó que no saben en qué condiciones se encuentra o si ha sufrido algún acto de tortura, ya que no les han permitido tener contacto con los abogados.
Por último, lamentó las denuncias contra un comunicador, porque no puede ser que la libertad de expresión se vea limitada solo por pensar diferente. «Esto no se vive en una democracia; estas acciones son propias de una dictadura», declaró Valda.
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