El Gobierno se acoge al pedido de la Relatora de la ONU, desahucia el proyecto de ley 144 y defiende su propuesta.
En medio de la crisis por la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial, conflicto que tomó las carreteras con bloqueos, una experta que es parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación, precisamente porque la ampliación del mandato que se dieron los magistrados, sea de forma indefinida, porque hasta la fecha no hay indicios de solución.
“Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un periodo indefinido”, dijo Margaret Satterthwaite, que es Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, ante la ONU.
Una vez más el conflicto creciente por la crisis del sistema judicial llama la atención de organismos internacionales. En este caso la ONU que expresó su alarma mediante un comunicado difundido desde Ginebra Suiza.
Para la relatora Satterthwaite, que conoce bien el tema y monitorea de cerca el conflicto, la ausencia de acuerdos políticos se ha traducido en el vencimiento de los mandatos de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
“La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la Justicia en Bolivia”, recalcó la experta.
“Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”, se lee en el comunicado.
Desde Bolivia
La llamada de atención de la ONU fue el complemento de la jornada que debía ser solo de festejos para el Gobierno y el MAS.
El ministro de Justicia, Iván Lima, salió al paso para acogerse al pedido de la relatora Satterthwaite en sentido de que las instancias involucradas deben llegar a un acuerdo para solucionar esta crisis y convocar a elecciones. Adelantó que en las próximas horas el vicepresidente David Choquehuanca convocará al diálogo.
Pero al mismo tiempo, desahució el tratamiento del proyecto de ley 144 que fue llevado a control de constitucionalidad, el mismo que usaron los magistrados para autoprorrogarse. Dijo que la mejor propuesta es la que presentó el diputado Jerges Mercado.
Lima también admitió que para el Gobierno, no es una novedad la preocupación de la representante de la ONU ya que como dice en su comunicado “ha estado en contacto con el Gobierno” al que ya le expresó su preocupación.
Desde enero de 2023, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se retiró de Bolivia. La oposición denunció que el Gobierno del MAS expulsó a la misión internacional mientras el Gobierno dijo que el convenio terminó el 31 de diciembre de 2022.
El Deber
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