
El legislador José Sánchez advierte que recientes sentencias vulneran la Constitución y podrían derivar en procesos legales. La ALP trabaja en una nueva convocatoria para cubrir vacancias en el TCP y el TSJ.
El senador de Libre José Sánchez cuestionó el funcionamiento actual del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y advirtió que las recientes decisiones asumidas por esta instancia carecen de legalidad debido a la falta de una sala plena completa.
“Hay varias propuestas de leyes respecto (a completar) el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Nosotros creemos que deben llevarse adelante estos proyectos de ley porque establecen tiempos de elección”, afirmó, y señaló que las últimas resoluciones emitidas por el TCP generan preocupación. “La anterior semana sacaron cuatro sentencias constitucionales que realmente vulneran la Constitución y para nosotros esas sentencias deben ser tratadas en sala plena y ellos no tienen sala plena”, sostuvo.

En ese marco, Sánchez cuestionó la legitimidad de las actuales autoridades del tribunal. “No existe sala plena en el TCP, por tanto, la presidenta es ilegal porque la ley establece con claridad que una sala plena está conformada por nueve magistrados y se requieren al menos cinco. Ellos solamente son cuatro y están cometiendo irregularidades”, declaró, advirtiendo incluso la posibilidad de procesos legales contra los magistrados.
Actualmente, el TCP opera con cuatro de sus nueve integrantes, mientras que el TSJ cuenta con siete de nueve magistrados, tras la salida de autoridades en noviembre del año pasado. En ese entonces, los magistrados emitieron disposiciones para concluir la prórroga de sus funciones, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no concretara la elección de nuevas autoridades. Este escenario derivó en una reconfiguración parcial de ambos tribunales.
Ante esta situación, Sánchez indicó que la asamblea se encuentra en proceso de lanzar una nueva convocatoria para cubrir las vacantes y restablecer la institucionalidad en los altos tribunales del país. “Ellos no pueden resolver y tomarse atribuciones que no les corresponde”, insistió el senador, al remarcar la necesidad de encaminar soluciones que garanticen el funcionamiento pleno de estas instancias judiciales.
