
La Defensoría del Pueblo, a través de su representación en Tarija, informó que se presentó ante el Tribunal Agroambiental de Entre Ríos una acción ambiental solicitando la suspensión temporal de la ejecución material de la exploración del pozo DOMO OSO X3, a cargo de una empresa petrolera, debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos ambientales y sociales.

En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, la representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Cecilia Bolívar, explicó que esta acción plantea cuatro observaciones centrales, entre ellas la necesidad de realizar una nueva consulta pública, debido a que la anterior no habría cumplido con los principios de transparencia y participación establecidos por norma.

Bolívar detalló que también se solicitó un informe técnico sobre la categorización ambiental del proyecto, el cual fue clasificado inicialmente como Categoría 2. Sin embargo, desde la Defensoría se considera que, por el alcance e impacto potencial no solo en el área directa sino a nivel departamental, esta clasificación debería ser revisada por especialistas independientes.

Otro de los puntos observados es el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental, particularmente en lo referido al cumplimiento efectivo del requisito de consulta pública. La Defensoría pidió que se informe de manera clara y documentada cómo se llevó adelante este proceso y si se garantizó el derecho a la información de la población involucrada.
Asimismo, se solicitó un informe sobre la situación del derecho propietario de los predios por donde se prevé ingresar para la exploración, ya que, según datos del INRA, estos terrenos aún no contarían con un derecho propietario consolidado, lo que podría vulnerar normativas vigentes.
Finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que el Tribunal Agroambiental tiene un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la solicitud de suspensión temporal, mientras se aclaran y transparentan los aspectos observados.

Reiteró que la institución realizará seguimiento permanente al caso, en el marco del respeto a la independencia judicial y en defensa de los derechos ambientales y colectivos de la ciudadanía.
